Este (ya) pasado verano ha sido muy calentito en lo que respecta al trato de los medios de comunicación hacia Audasa (especialmente en La Voz de Galicia), que se han hecho eco de las retenciones casi kilométricas que se formaron en las cabinas de peaje cercanas a zonas de playa y ciudades. Además, se hicieron públicos los resultados de la encuesta realizada por Sondaxe sobre el servicio prestado por Audasa: el 78,7% de los gallegos consideran que el peaje que se cobra por circular por la autopista del Atlántico es injusto para el servicio que ofrece y el 58% considera que el Ministerio de Fomento debería retirar la concesión a Audasa por su gestión de la AP-9.

La situación ha llegado a tal punto que a Audasa le han llovido piedras incluso desde la Xunta, quienes a finales de agosto propusieron al Gobierno un cambio en la legislación para que, en caso de atasco, sea obligatorio levantar las barreras o en caso contrario, la empresa estuviese obligada a devolver a los conductores el importe del peaje. Incluso Núñez Feijoo reclamó a Fomento que la gestión de la autopista pasase a ser desempeñada por la Xunta, hecho insólito en estos tiempos en los que lo que se busca es privatizar.

Finalmente, la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció la apertura de un expediente a Audasa, a la que llegó a amenazar con retirarle la concesión. Pero, aunque pudiera parecer que desde el Ministerio de Fomento -que, recordemos, aprobaron la última subida de tarifas– quisieran poner a Audasa contra las cuerdas, muerden pero no comen. Vamos, que a pesar de la crisis y las constantes quejas sobre el mantenimiento y el mal servicio de Audasa, desde las altas autoridades no se baraja supresión alguna de la concesión, lo que hace pensar que todo este revuelo por parte de los políticos no vaya a ser nada más que un lavado de cara ahora que las municipales están a la vuelta de la esquina.

Para que esto pudiera llevarse a cabo, la autopista debería entrar en pérdidas -situación en la que se encuentran al menos 10 autopistas que han reclamado el rescate por parte del Estado-, cosa muy poco probable teniendo en cuenta que no paran de subir las tarifas. Y es que, a pesar de la crisis, la AP-9 sigue siendo un negocio rentable: a pesar del continuo descenso de usuarios desde 2007, la recaudación de Audasa subió en la primera mitad de 2014 un 1,2% respecto al mismo semestre del año pasado. Además, aunque siguiera bajando el tráfico, Audasa tiene la rentabilidad prácticamente asegurada para los próximos 34 años, dado que las principales inversiones ya están más que amortizadas.

A pesar de esto, es de prever que los costes se sigan recortando, ya que en su última emisión de obligaciones, Audasa se felicitaba por el éxito de sus políticas para reducir personal. En el año 2010, la plantilla ascendía a 303 trabajadores, cifra que en junio de este año estaba en 226. Este es un hecho fácilmente comprobable al ver el estado de la autopista y llegar a las cabinas de peaje: donde antes había 4 ó 5 casetas abiertas, hoy solo hay una con personal cobrando y cada vez convierten más casetas de cobro en cajas automáticas.

Ante este panorama tan desolador, en el que para movernos entre Vigo y A Coruña tenemos que soltar un pastón por un servicio deficiente proporcionado por una empresa privada con la connivencia de las autoridades, ¿qué soluciones tenemos? Tranquilos, las veremos la semana que viene.

FOTO CABECERA: willy sifones